En el último mes hice dos viajes, y en ambos conocí personas muy importantes que están comprometidas con proyectos para mantener vigente la memoria de genocidios, para esclarecer cosas terribles que ocurrieron en el pasado a sus pueblos, y para contribuir al entendimiento de las formas más selectas de la violencia y la tortura.
Primero estuve con Sokchea Monn, fundador y director de STEP, que es una organización dedicada al fomento de la calidad en la educación primaria de Camboya. Sokchea está impulsando un proyecto para educar a los estudiantes sobre un doloroso período de la historia de ese país, en el que murieron cerca de dos millones de camboyanos. Se trata del régimen de los khmer rojos dirigidos por Pol Pot, que duró de 1975 a 1979. Su idea es que los alumnos hagan entrevistas a los adultos para recoger sus recuerdos sobre aquellos momentos, con la finalidad de hacer un registro que se almacene en la biblioteca pública y se ponga a disposición de toda la población.
Luego tuve la oportunidad de conocer a Alberto Fuentes, quien es responsable del área de seguridad y logística del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. Él me platicó una impactante historia de lo ocurrido en su país durante el conflicto armado que duró más de 30 años, de 1960 a 1996. Conforme lo descubierto en este importante repositorio, se ha podido saber que entre 1975 y 1985 murieron o desaparecieron alrededor de 200 mil guatemaltecos en manos del ejército y la policía nacional de ese país. Ahora, el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala es administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el patrocinio económico de varios países europeos. De esta manera, se está rescatando, registrando y resguardando la documentación que da cuenta del genocidio perpetrado contra la población de esa nación, con la finalidad de que cualquiera pueda tener acceso a la información que aporta. Además, en estos momentos se tiene documentada la desaparición del esposo de una diputada de ese país, y ella ha interpuesto la primera denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.
En ambos casos, al preguntar a mis interlocutores sobre la importancia de que esta información tan terrible y dolorosa se ponga a disposición de la población que padeció lo que se relata, con el riesgo de la incertidumbre sobre sus posibles efectos, me dieron razones personales (ambos fueron víctimas), de responsabilidad cívica y sobre todo de búsqueda de justicia, pues las personas tienen derecho a saber.
Luego de estos encuentros, no dejo de pensar en la enorme responsabilidad que como bibliotecarios tenemos al poner en las manos de las personas cualquier información, tanto una de esta naturaleza como una información científica, una obra literaria o cualquier documento. Este es un asunto que podría pensarse que es mera cuestión de ética, entendida como reglas de conducta a seguir, pero esta visión de las cosas es muy simplista, pues la selección de los documentos y el servicio que con ellos prestamos tienen el poder de incidir en las mentes de las personas, de hacerlas cambiar, de ser otras.
Esta posible propulsión al cambio que caracteriza a las bibliotecas, a todas las unidades de información, es lo que han notado los fundamentalistas del desarrollo, y por eso a veces las han apoyado y otras muchas ocasiones las han querido frenar con recortes presupuestales, adelgazamientos de personal, amenazas de cierre o acciones que a ratos parecen meros olvidos o agradecibles apoyos.
Todo esto apunta a mostrarnos que la biblioteca es una entidad política que se conduce conforme una ética, que es como una balanza entre el deber ser que propugnan las instituciones y el ser de los individuos que requieren información. Lo anterior no implica que la biblioteca siempre esté equilibrada, sino que a veces se ve forzada a inclinarse a favor de las instituciones, sobre todo aquéllas de las que depende, y otras veces tiene la libertad de servir al usuario sin cortapisas. El equilibrio es entre las obligaciones y las libertades, y eso no debe perderse de vista nunca.
Viene a mi mente una situación difícil que tuve que enfrentar hace algunos años, alrededor de los días de la invasión de Estados Unidos a Irak. En aquella ocasión, escribí en una lista de bibliotecarios un llamado de atención a tener cuidado y alertar sobre la información periodística que se estaba publicando y que dábamos a nuestros usuarios, pues había mucha desinformación conducida. Lisa Furubotten, una bibliotecaria gringa con la que trabajaba asuntos de NASIG, me atacó inmediatamente, y siguió haciéndolo en una reunión en la que estuvimos en Jamaica, porque decía que yo no entendía nada de lo que hacía su país, además de que mencionó otras cosas indeseables sobre México que no vienen al caso, pero que acabaron con nuestra colaboración.
Como muestra este caso, es muy posible perder la perspectiva y creer que tenemos razón, o que actuamos bien, aunque sólo un ejercicio de crítica puede validar nuestras creencias; pero muy pocos estarían dispuestos a considerar esta opción por miedo a perder su propia certidumbre.
Una vez alguien me dijo que hay que tener poca vergüenza para no hacer lo que debe hacerse, y esto es lo que he venido a recordar luego de tratar con Sokchea y Alberto, pues los bibliotecarios sólo tenemos una vida para comprender a lo que hemos dedicado nuestra existencia y para actuar en consecuencia.
Este problema es de carácter moral, pero se subtiende de manera transversal a todo nuestro quehacer, a nuestros proyectos y a nuestras propias vidas. Precisamente por este carácter vital al que apunta, debemos seguir considerándolo más adelante.
Primero estuve con Sokchea Monn, fundador y director de STEP, que es una organización dedicada al fomento de la calidad en la educación primaria de Camboya. Sokchea está impulsando un proyecto para educar a los estudiantes sobre un doloroso período de la historia de ese país, en el que murieron cerca de dos millones de camboyanos. Se trata del régimen de los khmer rojos dirigidos por Pol Pot, que duró de 1975 a 1979. Su idea es que los alumnos hagan entrevistas a los adultos para recoger sus recuerdos sobre aquellos momentos, con la finalidad de hacer un registro que se almacene en la biblioteca pública y se ponga a disposición de toda la población.
Luego tuve la oportunidad de conocer a Alberto Fuentes, quien es responsable del área de seguridad y logística del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. Él me platicó una impactante historia de lo ocurrido en su país durante el conflicto armado que duró más de 30 años, de 1960 a 1996. Conforme lo descubierto en este importante repositorio, se ha podido saber que entre 1975 y 1985 murieron o desaparecieron alrededor de 200 mil guatemaltecos en manos del ejército y la policía nacional de ese país. Ahora, el Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala es administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el patrocinio económico de varios países europeos. De esta manera, se está rescatando, registrando y resguardando la documentación que da cuenta del genocidio perpetrado contra la población de esa nación, con la finalidad de que cualquiera pueda tener acceso a la información que aporta. Además, en estos momentos se tiene documentada la desaparición del esposo de una diputada de ese país, y ella ha interpuesto la primera denuncia ante la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.
En ambos casos, al preguntar a mis interlocutores sobre la importancia de que esta información tan terrible y dolorosa se ponga a disposición de la población que padeció lo que se relata, con el riesgo de la incertidumbre sobre sus posibles efectos, me dieron razones personales (ambos fueron víctimas), de responsabilidad cívica y sobre todo de búsqueda de justicia, pues las personas tienen derecho a saber.
Luego de estos encuentros, no dejo de pensar en la enorme responsabilidad que como bibliotecarios tenemos al poner en las manos de las personas cualquier información, tanto una de esta naturaleza como una información científica, una obra literaria o cualquier documento. Este es un asunto que podría pensarse que es mera cuestión de ética, entendida como reglas de conducta a seguir, pero esta visión de las cosas es muy simplista, pues la selección de los documentos y el servicio que con ellos prestamos tienen el poder de incidir en las mentes de las personas, de hacerlas cambiar, de ser otras.
Esta posible propulsión al cambio que caracteriza a las bibliotecas, a todas las unidades de información, es lo que han notado los fundamentalistas del desarrollo, y por eso a veces las han apoyado y otras muchas ocasiones las han querido frenar con recortes presupuestales, adelgazamientos de personal, amenazas de cierre o acciones que a ratos parecen meros olvidos o agradecibles apoyos.
Todo esto apunta a mostrarnos que la biblioteca es una entidad política que se conduce conforme una ética, que es como una balanza entre el deber ser que propugnan las instituciones y el ser de los individuos que requieren información. Lo anterior no implica que la biblioteca siempre esté equilibrada, sino que a veces se ve forzada a inclinarse a favor de las instituciones, sobre todo aquéllas de las que depende, y otras veces tiene la libertad de servir al usuario sin cortapisas. El equilibrio es entre las obligaciones y las libertades, y eso no debe perderse de vista nunca.
Viene a mi mente una situación difícil que tuve que enfrentar hace algunos años, alrededor de los días de la invasión de Estados Unidos a Irak. En aquella ocasión, escribí en una lista de bibliotecarios un llamado de atención a tener cuidado y alertar sobre la información periodística que se estaba publicando y que dábamos a nuestros usuarios, pues había mucha desinformación conducida. Lisa Furubotten, una bibliotecaria gringa con la que trabajaba asuntos de NASIG, me atacó inmediatamente, y siguió haciéndolo en una reunión en la que estuvimos en Jamaica, porque decía que yo no entendía nada de lo que hacía su país, además de que mencionó otras cosas indeseables sobre México que no vienen al caso, pero que acabaron con nuestra colaboración.
Como muestra este caso, es muy posible perder la perspectiva y creer que tenemos razón, o que actuamos bien, aunque sólo un ejercicio de crítica puede validar nuestras creencias; pero muy pocos estarían dispuestos a considerar esta opción por miedo a perder su propia certidumbre.
Una vez alguien me dijo que hay que tener poca vergüenza para no hacer lo que debe hacerse, y esto es lo que he venido a recordar luego de tratar con Sokchea y Alberto, pues los bibliotecarios sólo tenemos una vida para comprender a lo que hemos dedicado nuestra existencia y para actuar en consecuencia.
Este problema es de carácter moral, pero se subtiende de manera transversal a todo nuestro quehacer, a nuestros proyectos y a nuestras propias vidas. Precisamente por este carácter vital al que apunta, debemos seguir considerándolo más adelante.
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